Las recientes movilizaciones estudiantiles y, sobre todo, la última marcha -que congregó a 100 mil personas según los organizadores- demuestran que el fortalecimiento de la educación pública se ha transformado en el gran tema político de los últimos meses. Y está muy bien que así sea, porque esta demanda es profundamente política, aunque muchos traten de reducirla a un asunto técnico.
La educación debe ser una discusión política, porque ahí se forja el futuro de la sociedad. En ella, se ordenan las oportunidades presentes y futuras de las generaciones. Ahí también se distribuye el poder en la sociedad y se asignan los roles en la estructura social. Por eso, una educación pública robusta significa mayor igualdad y mayor democracia. Por el contrario, una educación pública moribunda expresa el debilitamiento de un derecho y su transformación en un servicio que se transa en el mercado.